Volver
Costa Rica atraviesa un momento decisivo.
Las elecciones nacionales del pasado 1° de febrero de 2026 marcaron un punto de inflexión en la vida política e institucional del país, históricamente presentado como una excepción democrática en Centroamérica.
La victoria de Laura Fernández, candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano, consolida la continuidad del proyecto político impulsado por el presidente Rodrigo Chaves desde 2022. Con casi el 48 % de los votos, Fernández evitó una segunda ronda y abrió el camino a un Congreso con fuerte presencia oficialista.
Este resultado no es aislado ni casual. Se construyó sobre un discurso de mano dura, que ha capitalizado el miedo al crimen y la inseguridad, y que ha sido utilizado para polarizar a la sociedad, debilitar contrapesos institucionales y desacreditar a la prensa, al Poder Judicial y a otras instancias de control democrático.
El nuevo escenario legislativo es clave. El Partido Pueblo Soberano contará con 31 diputados, lo que le garantiza mayoría simple en la Asamblea Legislativa. Esto le permitirá aprobar proyectos de ley ordinarios, controlar la agenda legislativa, nombrar autoridades clave y aprobar el presupuesto nacional, concentrando un poder inédito en manos del oficialismo.
Si bien no alcanza por sí solo la mayoría calificada necesaria para reformas constitucionales o levantamientos de inmunidad, esta correlación de fuerzas incrementa de forma significativa su capacidad de negociación política.
Este Jueves 05 de febrero la Fracción legislativa del Frente amplio, se refirió a los resultados de la contienda electoral en conferencia de prensa.
Las alertas no son nuevas. En marzo de 2024, organizaciones sociales costarricenses llevaron estas preocupaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando retrocesos en materia de derechos humanos bajo el actual gobierno.
Desde entonces, se han documentado restricciones a los derechos de personas migrantes y solicitantes de asilo, el debilitamiento de políticas para la población LGBTIQA+, la persistente violencia contra pueblos indígenas, ataques a la libertad de prensa y un grave retroceso en la inversión social, que afecta directamente a mujeres, infancias y comunidades empobrecidas.
A esto se suma un aumento alarmante de la violencia feminicida y el desmantelamiento de políticas de prevención y protección.
La victoria de Fernández se inscribe además en una ola regional de gobiernos conservadores, autoritarios y populistas, que reconfigura el mapa político de América Latina y plantea desafíos profundos para la democracia, la soberanía y los derechos humanos en la región.
En este contexto, el llamado es claro: comprender el momento histórico que atraviesa Costa Rica, fortalecer la organización social y sostener una mirada crítica, feminista y de derechos humanos, frente a un proyecto político que avanza utilizando el miedo como herramienta de poder.
Desde el Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, seguiremos acompañando estos procesos con análisis, memoria y compromiso regional.
