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El candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos Umaña, abogado de profesión, fue defensor legal de un pastor evangélico condenado en 2022 a 35 años de prisión por abuso sexual, violación calificada y tentativa de violación contra una persona menor de edad.
Esta semana, Villalobos afirmó públicamente que la víctima de 14 años “no era una niña” y reiteró su creencia en la inocencia del agresor, pese a que existe una sentencia judicial firme. En la Resolución Nº 00459-2023, quedó constancia de que uno de los principales argumentos utilizados por Villalobos en la defensa fue que entre el agresor y la persona menor de edad existía una supuesta “relación sexual normal”.
Estas declaraciones revictimizan, desconocen el fallo judicial y reproducen discursos que minimizan, justifican y normalizan la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Además, contradicen la legislación costarricense, los estándares internacionales de derechos humanos y los principios básicos de protección integral de la niñez y la adolescencia.
Por ello, organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que el debate sobre su permanencia o renuncia a la candidatura no es personal ni partidario, sino una cuestión de responsabilidad política, ética y jurídica.
En este caso, los tribunales establecieron con claridad que la víctima tenía 14 años cuando iniciaron los abusos y que el agresor, de 54 años, utilizó su rol como pastor, la confianza de la familia y la situación de vulnerabilidad de la persona menor de edad para cometer los delitos. La condena fue confirmada por el Tribunal de Apelación y por la Sala Tercera de Casación Penal.
Este hecho se suma a preocupaciones más amplias planteadas por organizaciones defensoras de derechos humanos frente a la posible continuidad del proyecto político impulsado por Rodrigo Chaves, actualmente representado por Laura Fernández y las candidaturas a diputaciones del Partido Pueblo Soberano.
