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Una reciente reforma al Reglamento de Vigilancia de la Salud, publicada en enero de 2025 por el Poder Ejecutivo, dejó fuera de la lista de enfermedades y eventos de reporte obligatorio a la violencia sexual, la explotación sexual comercial y más de 80 condiciones críticas, entre ellas infecciones de transmisión sexual y diagnósticos de salud mental.
Esto significa que los centros médicos y psicológicos ya no tienen la obligación de informar a las autoridades cuando detecten casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.
Organizaciones sociales y personas sobrevivientes han denunciado en redes sociales que esta decisión pone en grave riesgo a las infancias y otras poblaciones vulnerabilizadas, debilitando la prevención, obstaculiza el acceso a justicia oportuna, y la activación de protocolos tan importantes como el de 72 horas en casos de violencia sexual.
Desde Voces Nuestras, en San José Costa Rica, esta es una nota de Génesis R. Cruz
