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El Gobierno de Costa Rica revocó la categoría de “evento familiar” para el espectáculo de cierre de la Marcha del Orgullo Pride 2025, lo que en la práctica restringe la participación de personas menores de edad en el cierre de esta manifestación anual de visibilidad, arte y protesta LGBTQIA+.
La decisión ha generado una fuerte polémica esta semana. Desde organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTQIA+ se denuncia que esta medida constituye un acto de censura y una agresión directa contra la visibilidad, la cultura y la dignidad de las juventudes diversas del país.
Pride Costa Rica, organización encargada de convocar la marcha, ofreció una conferencia de prensa en la que rechazó categóricamente la decisión del gobierno.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas señalan que esta medida responde a un contexto político de confrontación ideológica por parte del Ejecutivo y representa un nuevo retroceso en materia de derechos y libertades para las juventudes. Así lo manifestó en sus redes sociales la activista y defensora de DDHH Margarita Salas.
La organización Orgullo CR, la abogada Paula Siles —de la agrupación Detrás del Arco Iris—, y Siwo Alar Hombres Trans Costa Rica presentaron recursos de amparo ante la Sala Constitucional, al considerar que la medida violenta derechos fundamentales de la niñez y adolescencia LGBTIQA+, como el derecho a la igualdad, la libertad de expresión, la participación, el desarrollo de la identidad libre de prejuicios y violencia.
El Viernes 27 de junio la organización Pride CR anunció que como un medida para evitar la segregación de las personas menores de edad en el evento de cierre, las actividades artísticas del cierre se realizarán en diversos puntos a lo largo del recorrido. Con esto se garantiza que todas las personas, sin límites de edad, puedan participar en todas las actividades programadas sin discriminación.
La Marcha del Orgullo es reconocida internacionalmente como un acto de protesta, celebración y defensa de los derechos humanos. Por ello, diversos sectores exigen que el Estado garantice el derecho a la participación plena, libre y segura de todas las personas, sin importar su edad.
