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El 5 de marzo de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia virtual a solicitud de diversas organizaciones sociales para evaluar la situación de los derechos humanos en Costa Rica. Durante la sesión, representantes de la sociedad civil denunciaron presuntas violaciones y retrocesos en garantías fundamentales bajo el gobierno de Rodrigo Chaves, afectando a poblaciones vulnerables como migrantes, menores de edad, periodistas y personas LGBTIQ+.
Por su parte, el gobierno de Chaves, representado por el viceministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Solano, negó las acusaciones y aseguró que en Costa Rica no existen violaciones a los derechos humanos. Solano destacó el compromiso del Ejecutivo con la promoción y protección de los derechos fundamentales.
Sin embargo, ¿cuál es la realidad?
Retrocesos en derechos humanos bajo el gobierno de Rodrigo Chaves:
Desde su llegada a la presidencia en mayo de 2022, la administración de Chaves ha implementado políticas que han generado serias preocupaciones en materia de derechos humanos.
- Migración y asilo: Las restricciones migratorias y la cooperación con las políticas antimigratorias de Estados Unidos han agravado la situación de personas refugiadas y solicitantes de asilo. Se han documentado confiscaciones de documentos y dispositivos personales, la negación de servicios legales y la falta de transparencia en los procesos de deportación, lo que pone a Costa Rica en riesgo de convertirse en un “enclave carcelario” para migrantes.
- Derechos de la población LGBTIQA+: Se ha registrado un aumento de discursos de odio y el desmantelamiento de programas de protección. Entre las medidas más alarmantes está la eliminación del protocolo antibullying en los centros educativos y la desaparición de la figura del comisionado presidencial para asuntos LGBTIQA+.
- Pueblos indígenas: La violencia y el despojo territorial persisten sin avances significativos en la protección de líderes y comunidades indígenas. Ejemplo de ello es la impunidad en el asesinato del líder Bribri Sergio Rojas y la reciente liberación del asesino confeso del líder Brörán Jehry Rivera.
- Libertad de prensa: El gobierno de Chaves ha mantenido un discurso confrontativo contra los medios de comunicación, con amenazas, insultos y restricciones a la pauta estatal para medios críticos.
- Violencia de género y derechos de la infancia: Se han debilitado las políticas de prevención y atención a la violencia de género. La eliminación de la educación integral para la sexualidad en las escuelas, el impulso de propuestas para aumentar las penas en casos de aborto y las políticas de austeridad han afectado a las instituciones encargadas de la protección de mujeres e infancias.
- Aumento de la violencia feminicida: Según el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, los casos de femicidio han aumentado un 190% desde 2022, evidenciando un deterioro en las condiciones de seguridad para las mujeres.
- Desmantelamiento de la inversión social: La inversión pública ha caído drásticamente, pasando del 21,2% del PIB en 2022 a apenas un 9,3% en 2025. Esto ha reducido significativamente los recursos destinados a protección social, educación, salud y cultura.
Estos retrocesos evidencian un debilitamiento del Estado de derecho y la protección de los derechos fundamentales en Costa Rica.
Desde Voces Nuestras, en San José, Costa Rica, esta fue la información.
