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Sectores académicos costarricenses expresaron su profunda preocupación por la participación de Costa Rica en la política migratoria de los Estados Unidos, tras la llegada de personas migrantes deportadas bajo la figura de “tercer país seguro”. A través de un comunicado, organizaciones académicas y de derechos humanos denuncian la falta de transparencia y coordinación del gobierno costarricense, poniendo en riesgo los derechos humanos de las personas afectadas.
Recientemente, el gobierno de Costa Rica recibió un segundo vuelo con personas migrantes deportadas desde Estados Unidos, sin brindar detalles sobre los acuerdos con las autoridades estadounidenses. De acuerdo con la información, el primer vuelo de deportación se realizó el 20 de febrero de 2025, con 135 personas a bordo, de las cuales 65 eran menores de edad, y algunas de ellas en condiciones de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas y personas adultas mayores.
Varios sectores de sociedad civil han resaltado la preocupante falta de claridad sobre los procedimientos migratorios aplicados a estas personas, lo que podría generar precedentes negativos para el país. Asimismo, señalan que la llegada apresurada de estos grupos de personas migrantes ha evidenciado la ausencia de coordinación interinstitucional, especialmente con instituciones encargadas de la protección de derechos de poblaciones específicas, como niñez y adolescencia, mujeres y personas con discapacidad.
En un comunicado, el sector académico instó al gobierno costarricense a detener estas deportaciones y a cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos, como el principio de non-refoulement, que prohíbe la expulsión de personas a países donde su vida o libertad corran peligro. Además, alertan sobre el riesgo de que Costa Rica se convierta en un enclave carcelario dentro de la política migratoria de Estados Unidos, vulnerando la tradición histórica de acogida y respeto a los derechos humanos que había caracterizado al país.
El comunicado exige al gobierno costarricense que brinde información clara sobre los compromisos asumidos con respecto a la recepción de estas personas migrantes, y que se garantice el respeto a sus derechos fundamentales en todo el proceso.
