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Una vez más, el sistema de justicia costarricense queda en deuda con el Pueblo Brörán de Térraba y con los otros Pueblos Originarios del país al absolver a Juan Eduardo Varela. Esta deuda alcanza límites inimaginables ante un asesinato de tal magnitud. Las pruebas son contundentes: los disparos fueron por la espalda y hay evidencias de desprecio, racismo y ensañamiento. Este asesinato ocurrió en un contexto de recuperaciones de tierra-territorio y durante el segundo día de asedio contra el Pueblo Brörán de Térraba. Además, Juan Eduardo Varela ha confesado el asesinato en múltiples ocasiones, una de ellas en agosto de 2022 frente a la Mesa Técnica Interinstitucional para los Pueblos Indígenas, nombrada por el presidente Rodrigo Chaves, y a altos cargos del Gobierno en turno; dichas confesiones son contradictorias y evidencian las mentiras sostenidas por Varela.
Pese a todo lo anterior, el Tribunal Penal de Buenos Aires, integrado por Alexander Chavarría, Richard Mena y José Pablo Matarrita, considera que existen dudas sobre cómo sucedieron los hechos del 24 de febrero de 2020. Por lo tanto, Juan Eduardo Varela es absuelto del homicidio y de las amenazas de muerte contra Melisa Garbanzo, y es sentenciado a 2 años de prisión por la portación ilegal de armas. Sin embargo, el Tribunal le otorgó el “beneficio de ejecución condicional de la pena” por un plazo de tres años, lo que comúnmente se conoce como “casa por cárcel”.
El daño del homicidio es irreparable, y la familia Rivera y el Pueblo Brörán han enfrentado una constante revictimización y un doloroso proceso judicial. Esto ha ocurrido en medio de múltiples amenazas y violencias en su contra, mientras la ocupación ilegal de su territorio persiste a la vista y paciencia del Estado. A pesar de ello, el Tribunal Penal de Buenos Aires también consideró que no existe relación alguna entre el contexto amplio de las recuperaciones de tierra-territorio y el asesinato de Jerhy Rivera. De esta manera, el Tribunal descontextualiza el asesinato y lo presenta como una “riña” entre dos sujetos.
Lo más doloroso es lo esperado que resultó esta sentencia. Más de 13 años de recuperaciones de tierra-territorio han demostrado que el Poder Judicial opta por mantener la impunidad, aumentando el riesgo y las amenazas contra la integridad física y la vida de los Pueblos Originarios. Recientemente denunciamos el cierre de la causa penal que investigaba el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, del Clan Uniwák y Bribri de Salitre. Hoy denunciamos la sentencia que otorga una vergonzosa impunidad en el caso del asesinato de Jerhy Rivera y contra el Pueblo Brörán.
En este caso específico, solo la intervención de poderes económicos y políticos puede explicar una sentencia absolutoria que consagra el racismo, la injusticia y la impunidad en los Territorios Indígenas y en el país entero. Este mensaje de impunidad se dirige especialmente a los Pueblos Originarios, pero también afecta a todas las personas y organizaciones que defienden la tierra y el territorio. Las violencias se intensificarán y frente a ello no habrá institución que pueda proteger nuestros derechos humanos más básicos, ni garantizar el acceso a la justicia.
Desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) y desde Voces Nuestras, nos solidarizamos con doña Digna Rivera, su familia y el Pueblo Brörán de Térraba. Condenamos la impunidad y violencia que el Estado costarricense mantiene contra los Pueblos Originarios. Hoy no solo es evidente que el Estado no brinda justicia, sino que las recuperaciones de tierra-territorio seguirán siendo el mecanismo más eficaz, legítimo y justo para que los Pueblos Originarios disfruten de sus tierras-territorios. Decisión que solo le compete a los Pueblos Originarios que resisten.
¡Justicia para Jerhy!
