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Un informe reciente de la Contraloría General de la República puso en evidencia serias deficiencias en la manera en que el Estado costarricense atiende a las personas solicitantes de refugio. La investigación destaca que los retrasos en la resolución de los casos incumplen los plazos establecidos por la ley, lo que aumenta la vulnerabilidad, discriminación y los riesgos que enfrenta esta población.
Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Fernanda Gutiérrez afirma que esta situación refleja la falta de una respuesta adecuada por parte del Estado ante una crisis humanitaria, lo que perpetúa la desigualdad y vulnera los derechos humanos de las personas solicitantes de refugio.
Para Fernanda Martínez, de la Red de Mujeres Pinoleras, la inacción del Estado ha afectado especialmente a las mujeres nicaragüenses que huyen de la represión y la violencia del régimen Ortega-Murillo. Ante esta situación, la organización y colectivización del cuidado entre las mujeres ha sido fundamental para reconstruir sus vidas en comunidad y emprender nuevos caminos de resiliencia.
Las organizaciones de la sociedad civil continúan liderando los esfuerzos para garantizar que los derechos de las personas solicitantes de refugio sean respetados, exigiendo al Estado una respuesta más efectiva y oportuna frente a esta crisis.
Desde Voces Nuestras, una nota de Génesis R. Cruz.
