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Noelia Alfaro Herrera / [email protected]
La Sala Constitucional rechazó una acción de inconstitucionalidad contra el bono o salario escolar que forma parte de las obligaciones de quienes pagan una pensión alimentaria para sus hijas e hijos. Los magistrados NO acogieron la acción presentada por la Fundación de Apoyo al Hombre, FUNDEAPHO y por esta razón, el salario escolar sigue siendo una obligación que los padres deben solventar antes de que termine este mes de enero.
Leda Castillo, activista del Grupo Poder Ciudadano, dijo que ya son varias las acciones, recursos e incluso proyectos de ley que buscan modificar el régimen de pago de pensiones alimentarias.
?El año pasado se presentaron varios recursos contra los pagos: recursos de amparo, hábeas corpus y además de eso, en la Asamblea Legislativa se presentaron alrededor de 12 o 14 proyectos que vulneraban claramente -y algunos muy solapadamente- los derechos de las mujeres y de la niñez? dijo la activista.
En algunos de los votos anteriores sobre este mismo tema, la Sala ha establecido que el pago de salario escolar, que equivale al mismo monto de un mes de pensión, no es ilegal o inconstitucional, pues responde a obligaciones establecidas en normativas como el Código de Familia y el Código de Niñez y Adolescencia.
Una estrategia del patriarcado
Castillo considera que el aumento de este tipo de acciones, que buscan agotar todas las vías posibles para evitar el pago de pensiones alimentarias y otras obligaciones, forman parte de una estrategia de respuesta por parte de un sistema patriarcal que se ve amenazado con los avances en materia de igualdad y derechos de las mujeres.
?Definitivamente se quiere marcar un retroceso en todos los derechos adquiridos. Las mujeres tenemos que organizarnos y conocer mejor nuestros derechos porque no se puede permitir que se contraríe el bienestar de poblaciones vulnerables? señaló.
Derechos de la niñez podrían estar en riesgo.
Por otra parte, Leda Castillo calificó como un grave incumplimiento de deberes el hecho de que instituciones estatales que deben velar por los derechos de la niñez y la adolescencia se nieguen a tomar parte en este debate.
Castillo señaló al Patronato Nacional de la Infancia y la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia como algunos de los entes que deberían tener un papel más activo en los procesos y discusiones que tienen que ver con pensiones alimentarias, pero hasta ahora no ha sido así.
Por lo pronto, la obligación de pagar salario escolar sigue en pie y aquellos padres que la incumplan podrían verse sometidos a una orden de apremio corporal e ir a prisión.
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