Estado de Nicaragua discrimina a un grupo de niñas y niños huérfanos

Las niñas y niños huérfanos que perdieron a sus padres por balas disparadas por la policía y para-policías durante los ataques a mansalva de 2018, no aparecen en las listas del Estado y a la vez no les ofrecen ninguna asistencia gubernamental. Estos niños y niñas sufren por la muerte de sus papás y el estigma de ser descendientes de un enemigo del gobierno, están creciendo con numerosas necesidades en diferentes ciudades de Nicaragua.

Hamilton es uno de éstos niños. A sus 8 años de edad es alumno destacado del tercer grado en una escuela de Masaya. Su papá era Erick Antonio Jiménez, de 34 años de edad. Fue asesinado en la Operación Limpieza ejecutada por la policía y civiles armados del gobierno, que botaron los tranques el 17 de junio de 2018 en esta ciudad, durante las protestas antigubernamentales.

Operación Limpieza es el término popular utilizado por la población para referirse a la eliminación de tranques y barricadas que la gente había colocado desde el mes de mayo del 2018, para protegerse del ataque de paramilitares en distintas ciudades en el contexto de las protestas. El mismo término fue utilizado por la dictadura somocista en 1978 para atacar a las ciudades donde había presencia de guerrilleros sandinistas.

Jiménez participó en las protestas y fue asesinado en uno de esos ataques. Él era obrero de una textilera y se hacía cargo de la manutención de su hijo Hamilton. Después de su muerte, la tía abuela del niño, Nelly Pérez, de oficio costurera, se ha hecho cargo de su manutención, a pesar de sus pocos ingresos económicos.

A los pocos días del asesinato de Erick Antonio, el niño fue llevado al psicólogo para valorar su estado emocional, gracias a las gestiones de otras madres y esposas de asesinados, porque ninguna institución del gobierno, como el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, se acercó para brindar apoyo económico o psicológico y a la fecha, 16 meses después, tampoco lo han hecho.

Aunque Hamilton goza del amor de la familia paterna, señala que le hace falta su papá, porque recuerda que hacían las tareas juntos y lo llevaba al campo de béisbol.

Ricardo Armando, de 10 años de edad, hijo de Marcelo Mayorga, también de Masaya, vive la misma situación que Erick. Perdió a su papá en la Operación Limpieza de la ciudad, pero a diferencia de él, tiene una madre obrera que ha asumido su cuido con la ayuda de su otro hijo de 19 años. En esta familia las necesidades económicas apremian y la tristeza embarga al niño.

Hay días en que Ricardo no quiere comer, se enoja fácilmente y se levanta sin querer hablar con nadie, narra su mamá. Ella explica que esos cambios surgieron a partir del asesinato de su papá, incluso ha recibido atención psicológica por esa razón. Al ser baleado mortalmente Marcelo Mayorga tenía 41 años de edad y trabajaba como chofer.

Ricardo es asmático y mensualmente requiere de la compra de medicamentos, que no son garantizados por ninguna institución de salud. Se dificulta adquirirlos por la falta de dinero. Ricardo también recuerda a su papá y se consuela viendo las fotos o navegando en internet donde busca videos y fotografías de su progenitor. Lo hace para recordarlo siempre y como una forma de escape, dijo.

Casos por todo el país

En Estelí, al norte de Managua, Nicky de 6 años de edad, hija de Franco Valdivia, tampoco ha recibido ayuda psicológica o material del Estado. Valdivia era estudiante universitario y trabajador de una carpintería. Fue asesinado el 20 de abril de 2018, al inicio de las protestas.

Nicky está a cargo de su mamá, una licenciada en Farmacia que se encuentra desempleada, y de su abuela paterna, Francisca Machado, quien es ama de casa.

La niña llora cuando ve las fotografías de su papá y le pregunta a su abuela dónde está. La señora le ha dicho que en el cielo y Nicky responde: ?quiero ir al cielo a verlo?.

En León, al occidente de Managua, los niños Alexander Caleb de 5 años y Alex Gamaliel de 3 meses de nacido, han quedado viviendo en condiciones de extrema pobreza con su madre desempleada. Eran hijos del obrero de la construcción, Alex Machado Vásquez, de 24 años de edad, asesinado el 05 de julio de 2018,

La mamá de Alex, Luisa Sánchez, dice que trata de ayudar a sus dos nietos a través de la venta de frijoles cocidos. Con eso ella gana unos 200 córdobas diarios (6 dólares), lo cual es insuficiente para la manutención de los niños.

Cuando Alexander Caleb llega a la casa de la abuela, se queda observando la foto de su papá y dice ?la policía mató a mi papá?. Se siente triste y llora. Estos dos niños tampoco han recibido apoyo, a pesar que delegados de gobierno le ofrecieron ayuda económica. Doña Luisa la rechazó porque recién asesinado su hijo les pidió a las autoridades el acta de defunción y se la negaron. Tampoco buscaron atención psicológica de ningún centro médico, por desconfiar del sistema público de salud.

En Ciudad Sandino, Managua, se vive otra escena similar con las niñas Leslie y Galilea, hijas de Josep Delgado. Él se desempeñaba como ayudante de mecánica y fue asesinado el 08 de julio de 2018, cuando al salir de su casa desde una esquina le dispararon, pues ya había sido amenazado e identificado como crítico del gobierno, dijo Bertha Alfaro, mamá de Josep. ?Ha sido muy difícil para las niñas, principalmente para Leslie que tiene 8 años, siempre lo llora?, narró esta madre.

Leslie y Galilea son hijas de madres distintas. A Leslie, el Seguro Social le pasa mensualmente a la madre, mil 300 córdobas (unos 40 dólares), pero en el caso de Galilea de 5 años, ésta no recibe un solo córdoba. La madre de Galilea hace trabajos de estilista, (cortes y peinados donde gana entre 500 y 800 córdobas semanalmente. Insuficiente, explica Bertha.

Si bien estos niños y niñas huérfanos de padre debido a la represión gozan del apoyo familiar en medio de sus necesidades, no han recibido atención psicológica profesional de ninguna institución del Estado, tampoco asistencia económica para sufragar los gastos de manutención, a pesar de que las familias responsabilizan al gobierno por el asesinato de los padres quienes eran el sustento familiar.

Gobierno solo atiende a sus simpatizantes

Una vez concluida la Operación Limpieza, el gobierno aprobó la Ley 994, Ley Integral de Atención a las Victimas, y una de las acciones contempladas consistió en la identificación de los huérfanos del conflicto. Según el recuento gubernamental hay 105 huérfanos (48 niñas y 57 niños), hijos de las 198 víctimas reconocidas por el Estado. Pero la cantidad de huérfanos podría ser mayor, tomando en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, contabilizó 325 víctimas mortales en las protestas del 2018.

La Procuradora de Derechos Humanos, Corina Centeno informó recientemente a través de medios oficialistas, ya que no atendió nuestras solicitudes de entrevista, que el listado de niñas y niños huérfanos, fueron remitidos al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, para que elabore un plan de seguimiento a fin de garantizarle sus derechos humanos.

?Ninguna de las familias de los asesinados en la represión gubernamental ha recibido la visita de alguna instancia del gobierno y tampoco la queremos?, dijo Liseth Dávila, vice presidenta de la Asociación Madres de Abril AMA.

Si bien los huérfanos tienen necesidades psicológicas y económicas, lo que exigen tanto las madres de los asesinados como los hijos, es justicia, verdad, reparación y no repetición, destacó Dávila.

Efectivamente, las madres y esposas de asesinados consultadas en Managua, Masaya, León y Estelí, coincidieron en su demanda de justicia, aunque reconocieron que enfrentan dificultades económicas para dar respuesta a las necesidades de alimentación, ropa, educación, recreación y salud, y no cuentan con redes de apoyo para dar respuesta a esas necesidades. Por su parte, las niñas y niños lloran la ausencia de sus padres y reclaman su presencia.

Múltiples violaciones a los derechos humanos de niñas y niños huérfanos

Artículo 2. Convención de los derechos del Niño.

?Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares?.

A estos niños, niñas y adolescentes huérfanos, el Estado de Nicaragua les ha violentado una serie de derechos humanos, sostiene Jorge Mendoza, vocero de la Federación Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan por los derechos de la Niñez y la Adolescencia CODENI.

Nicaragua es firmante de compromisos internacionales en materia de protección de los derechos de la niñez como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, la Convención Americana sobre Derechos Humanos el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales han sido violentados, sostiene Mendoza.

Arto. 7. Código de la Niñez y la Adolescencia

?Es deber de la familia, la comunidad, el Estado y la sociedad en general asegurar, con absoluta prioridad, el cumplimiento de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes referentes a la vida, convivencia familiar y comunitaria, identidad, nacionalidad, salud, alimentación, vivienda, educación, medio ambiente, deporte, recreación, profesionalización, cultura, dignidad, respeto y libertad?

El Estado ha violentado también la Constitución de la República y el Código de la Niñez y la Adolescencia, que establecen las condiciones que debe garantizar para proteger a la niñez, pero al asesinar a sus padres les quitó el derecho a tener una familia, sostiene CODENI.

Si el Estado por razones políticas solo está atendiendo a una parte de los niños huérfanos, sería otra grave violación a sus derechos humanos, la atención debe ser sin exclusión alguna, sin discriminación, no se debe poner el interés político por delante, afirma la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, Esmeralda Arosemena.

El Estado debe proveerles las condiciones mínimas a estos niños y niñas, para vivir en familia, no es meterlos en instituciones. Nicaragua tiene un marco legal de protección a la niñez, esa institucionalidad es responsable de proporcionar a esos niños las satisfacciones mínimas para sus derechos, sostuvo Arosemena.

Asimismo, asegura que el gobierno debe generar las condiciones, que les permitan a las familias, asumir la protección de esos niños y niñas con el apoyo técnico, económico, social, educativo y asistencia emocional, enfatizó la presidenta de la CIDH.

Nelson Rodríguez