Genocidio a cuenta gotas: Impunidad y desalojos en los Territorios Originarios de la Zona Sur.

Nery Chaves García.


Eugenio Raúl Zaffaroni plantea la noción del genocidio a cuenta gotas en reconocimiento a la política hegemónica imperante como una forma de genocidio. Las políticas estatales, tal y como la conocemos el día de hoy, refieren a prácticas profundamente coloniales, patriarcales y capitalistas. Prácticas que en sí mismas son incompatibles con la vida misma y por tanto, formas de genocidio. Titular así esta reflexión, pretende ubicar al Estado costarricense en ese contexto y específicamente a las políticas estatales en los Territorios Indígenas que reconocen muy vagamente la existencia de los Pueblos Originarios al renegar la complejidad de su visión de mundo y por tanto su forma de existir y autogobernarse. Visión que es profundamente  incompatible con el capitalismo imperante. Así, el Estado les violenta estructural y sistemáticamente através del despojo, la impunidad y la omisión. Procesos que son de larga data, y en éste texto se reflexiona brevemente lo ocurrido en el 2020 y los inicios del 2021.

1. Entre la dignidad y la violencia estructural

La noche del 18 de marzo del 2019 fue y es un parteaguas en la historia política reciente de los Pueblos Originarios, del país y la región centroamericana. A altas horas de la noche, Sergio Rojas Ortiz del Clan Uniwak, Bribri de Salitre fue asesinado. Fueron 15 disparos los que acabaron con la vida del líder de los Pueblos Originarios; actor clave en los procesos de recuperación de tierra-territorio. No sólo era un nuevo asesinato, sino que también era una manifestación explícita de la violencia letal que produce el racismo y el capitalismo.

Violencia mortífera que ya venía presente en los Territorios de la Zona Sur, pero que ha sido profundizada desde el 2010 en respuesta a al inicio de los procesos de recuperación de tierras-territorios por parte del Pueblo Bribri de Salitre (1). Decisión que se debe también a las políticas estatales que les despoja y desprecia. Todo materializado en un hecho concentro: la expulsión violenta de representantes de distintos Pueblos Originarios de la Asamblea Legislativa. Sobre ello, Magdalena relata sobre la noche de aquel 9 de agosto de 2009.

Así, el Pueblo Bribri de Salitre decidió expulsar a las personas no indígenas de su Territorio y construir de las recuperaciones de tierra-territorio en formas de autodeterminación, autonomía y reafirmación territorial que posteriormente también impulsarían otros Pueblos de la Zona Sur. Por su parte, los terratenientes han respondido con violencia a lo que el Poder Judicial ha optado por la impunidad y el Ejecutivo por la omisión y/o inacción.

Estas violencias siguieron presentes en el 2020: i) Minor Ortiz Delgado, del Clan Tubolwak, recibió un disparo por parte de Eliodoro Figueroa Uva, usurpador y; (2) ii) el 23 de febrero inició una escalada de violencia  por parte de personas no indígenas que culminaría en el segundo asesinato de un líder: el Brörán, Jerhy Rivera Rivera. Jerhy fue asesinado por varios disparos en su espalda, en medio del ataque de una turba de alrededor de 200 personas contra el Pueblo Brörán de Térraba y sería el segundo líder asesinado en un año.

Los ataques se propagaron en los Territorios Bribris de Salitre, Iríria Bribri Sa Ká -conocido como Cabagra- y China Kichá casi de forma simultanea, generando un clima de riesgos, violencia en distintas manifestaciones e impunidad en la Zona Sur. El mes de la escalada de violencia dejó, según la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS):1 asesinato, 39 incidentes de seguridad, 17 tipos de incidente, 66 hechos de violencia y 10 líderes (as) de Pueblos Originarios amenazados de muerte. También la CLSS identificó a los incendios como una nueva forma de agresión contra los Pueblos Originarios. En contraste, ninguna de las personas que cometieron agresiones han sido procesadas penalmente.
 

A pesar de ello, las 10 recuperaciones de tierra territorio realizadas -la gran mayoría – a principios del 2020 se mantienen en pie en los Territorios de Iríria Bribri Sa Ká, Térraba y China Kichá.  Así, el despojo de la dignidad (4) aún no es una realidad en el sur del país.

La escalada de violencia fue detenida por el brote del Covid-19, la pandemia mermó las concentraciones de terratenientes y sus ataques directos. Es decir, la escalada no fue detenida por algún ápice de voluntad por parte de los agresores. Cuestión que será clara el resto de 2020 que estará permeado de violencia desde los aparatos judiciales, hasta el Ejecutivo y, por su puesto, los terratenientes. Agresiones que tienen una gran particularidad en el Territorio Cabécar de China Kichá.

2.  Desalojos preventivos, la nueva estrategia judicial de los terratenientes

La historia del Territorio Cabécar de China Kichá es muy particular y única en lo que hoy conocemos como Costa Rica. En 1982 el Decreto Ejecutivo 13570 derogó la existencia de China Kichá porque “(...) la población Indígena de China Kicha, se dispersó y migró progresivamente a otros lugares, de tal manera que a partir de los años 1970 y siguientes, ya no quedó prácticamente población indígena dentro de los límites de la referida Reserva”. Acción que fue respaldada por  la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) y el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) (5).

La desaparición, a través de un Decreto Ejecutivo, de un Territorio es quizás uno de los ejemplos más claros de políticas genocidas existentes en Costa Rica. Es hasta el 2001, tras un proceso organizativo del Pueblo Cabécar que el Estado decreta nuevamente al Territorio Cabécar de China Kichá (Decreto 29447-G) al considerar que se omitieron aspectos legales de fondo, de la legislación indígena nacional así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ya había sido suscrito por el país. Sin embargo, el Estado redujo el Territorio a 1,100 hectáreas en total y desconoció los límites anteriores. Alrededor de 4000 hectáreas fueron desconocidas como Territorio Indígena y de ésta forma el Estado incurriría nuevamente en violación a la legislación indígena y violentaría directamente al Pueblo Cabécar.

La intervención directa y violenta del Estado en ese Territorio incidió en la posesión de personas no indígenas de un alto porcentaje de terrenos indígenas. De esta forma, se arrinconó al Pueblo Cabécar a espacios pequeños que no permitían la reproducción de su cultura y, por tanto, su existencia. Fue hasta el 2018 que distintas personas del Pueblo recuperaron un pequeño terreno llamado Kerpego.

En 2019 fueron los primeros en recuperar un terreno tras el asesinato de Sergio Rojas Ortiz: Kono Jú es la recuperación de tierra-territorio dedicada a la memoria y siembra del líder Bribri. También es una respuesta al amedrantamiento y a la violencia letal que pretende detener las recuperaciones de tierra-territorios.  Para el 2020, el Pueblo Cabécar recuperaría tres terrenos más y también afrontaría una de las estrategias más complejas impulsadas por los terratenientes: desalojos planteados como medidas cautelares en los procesos judiciales.

Al día de hoy, Kono Jú y Yuwi Senaglö (terreno recuperado el 28 de septiembre del 2020) están amenazadas de ser desalojadas judicialmente. Los jueces, a pesar de reconocer que ambos terrenos se encuentran dentro del Territorio Cabécar de China Kichá dan derecho de posesión a una empresa (China R y L, propiedad de Ángel Marín) y al terrateniente Miguel Vargas (quien que se encuentra atrincherado en Yuwi Senaglö) (5). Ambos  aún no son reconocidos por el INDER como poseedores de buena fé (6).

Esta tensión trasciende a lo jurídico y provoca un ambiente de impunidad y violencia en el Territorio Cabécar de China Kichá: Miguel Vargas -junto a Gilberth Fernández, dueño de la empresa de MUSOC - es reconocido como uno de los autores intelectuales y materiales del ataque del 07 de marzo que redujo a cenizas cultivos, casas y por poco a los y las compañeras recuperadoras cabécares tras ser invadidos por una turba de alrededor de 40 personas no indígenas luego de que bloquearan la entrada del Territorio. El ataque del 7 de marzo es considerado como una de las agresiones más fuertes durante la escalada del 2020, agresión que remite al incidente del bloqueo de Cebror en el Territorio Bribri de Salitre en 2014.

Para el 1 febrero del 2021 el Juez Jean Carlo Céspedes Mora ratificó la resolución 48-2020 y acogió el desalojo de las familias recuperadoras de Yuwi Senaglö, fallando a favor del terrateniente Miguel Vargas. Céspedes Mora mantiene relaciones de parentesco con personas no indígenas que ocupan Territorios Indígenas. Condición ampliamente denunciada por la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) y otras organizaciones y a las que el Poder Judicial ha dicho no encontrar anomalías en su labor. Ante ello, los y las recuperadoras cabécares de China Kichá presentaron, por tercera vez, una solicitud de declaración de vulnerabilidad del desalojo. -tal y como se declaró en el caso de Kono Jú-.

Así el continuum de violencia contra los Pueblos Originarios resulta de la conjugación del Estado y actores fácticos que se alimentan de la impunidad y el racismo. De lograrse los desalojos, se instalaría una nueva forma de despojo a través del aparato judicial. Aparato que en sí mismo es complejo, casi intocable por la materia en la que se desenvuelve y que está lejos de constituirse en una forma de justicia real y material para los Pueblos Originarios.

 

3. Impunidad y negación permanente

Tal y como se ha explicitado el rol del Estado es clave en la opresión hacia los Pueblos Originarios. Tras el asesinato de Sergio Rojas, el Ejecutivo emprendió procesos de diálogo con los Pueblos Bribris de Salitre y Brörán de Térraba en el tanto son sujetos de las medidas cautelares 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y generó el Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (RTI). Ni los diálogos ni el Plan RTI han logrado mermar la violencia en los Territorios y mucho menos disminuir la tenencia de tierra por parte de personas no indígenas.

Al contrario, el Plan RTI ha afianzado el conflicto sobre la gobernanza en los Territorios al negar a las organizaciones propias y/o autogobiernos ancestrales. A través de supuestos desalojos a personas no indígenas, el Ejecutivo dice ser el responsable del regreso a manos indígenas de al menos cuatro terrenos; los cuales ya habían sido recuperados por el Concejo Iríria Ditsö Ajkönuk Wakpa autogobierno de Salitre.

Por otro lado, la Fiscalía de Delincuencia Organizada y Delitos Conexos solicitó la desestimación de la causa que investiga el homicidio de Sergio Rojas Ortiz. Según la Fiscalía se agotaron los medios investigativos. El Juez, en la audiencia oral y privada, dijo que estudiaría el archivo y decidiría a un tiempo prudencial.

El 14 de enero del 2021 el Juzgado Penal de Buenos Aires dictaminó que deben continuarse las investigaciones en relación al caso de homicidio de Sergio Rojas Ortiz en vista que la Fiscalía no ha agotado las diligencias pendientes y los medios investigativos. Una semana después, el 21 y 22 de enero “Crhoy.con” publicó una serie de reportajes sobre un informe realizado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) íntimamente relacionado con el expediente penal 19-000178-0990-PE que versa sobre el caso de Sergio Rojas Ortiz.

Ese informe, en el tanto forma parte de una investigación penal abierta, era confidencial. Situación que podría incidir en el caso de Sergio Rojas Ortiz y obstaculizar el proceso en general. Sobre esos riesgos, Oscar Retana, abogado defensor de la familia Rojas Lázaro menciona:

Así el Estado, en una especie de ambivalencia y falta de voluntad, opta por la perpetuación de la impunidad en los Territorios y Pueblos Originarios. Tampoco escatima en el uso de la fuerza, la Fuerza Pública ha estado involucrada en una serie de incidentes en contra de los Pueblos; que dan cuenta de la presencia de los intereses de los terratenientes en el aparato estatal.

La complejidad de los conflictos en la Zona Sur es alta y profunda, donde las demandas por dignidad y justicia son opacadas a un Estado que es benevolente con sus élites y que desprecia a los Pueblos Originarios. Frente a ello no queda otra camino más que en la organización política y territorial de los Pueblos, tomando mano de las sabidurías ancestrales, saberes y cosmogonía que las acompaña. Ya decía el Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre: “(…) Frente a los intereses de impunidad e injusticia no nos queda más que la organización de nuestros Pueblos. Es ahí, en la fuerza ancestral de nuestros Pueblos donde radica nuestra fortaleza y convicción. No nos detendremos hasta que nuestro Territorio esté en nuestras manos y el Estado nos reconozca cómo únicos dueños de nuestros Territorios, formas propias de organización, cultura y vida”.

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1. A propósito de la noción de las cuatro ruedas del capitalismo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN): explotación, represión despojo y desprecio.

2. Es la segunda ocasión en la que Minor Ortiz Delgado recibe un disparo. Es decir, es la segunda vez que Minor sufre una tentativa de homicidio.

3.  En razón de la noción planteada por Silvia Rivera Cusicanqui.

4. El ITCO es la Institución que precedió al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y posteriormente se transformaría en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER).

5. Yuwi Senaglö es un terreno recuperado por el Pueblo Cabecar desde el 28 de septiembre del 2020. Ese mismo día, extrañamente Miguel Vargas ingresó a la casa de habitación dentro de Yuwi y desde entonces, se encuentra atrincherado.

6. Un poseedor es reconocido de buena fé sí adquirió el terreno antes de la Ley Indígena de 1977.